La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), ante la presentación realizada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, de la Comisión Asesora para la Modernización del Empleo Público, pidió que se considere la participación de las y los trabajadores del Estado, que son quienes tienen la experiencia sosteniendo los distintos servicios.
Tras conocer la conformación de esta comisión de expertos y expertas, instancia que tendrá como propósito analizar y formular propuestas para avanzar en la transformación y fortalecimiento del empleo público, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, reafirmó la disposición histórica de la Confederación a participar de manera activa en los espacios de diálogo y discusión sobre el Estado y la función pública.
“Estamos disponibles para conversar con ese equipo humano, para entregar los aportes y la experiencia de quienes ejecutamos la función pública”, señaló el dirigente, destacando que cualquier proceso de modernización debe considerar la experiencia de las trabajadoras y trabajadores que diariamente sostienen los servicios del Estado y mantienen el vínculo directo con la ciudadanía.
Desde la ANEF sostienen que esta instancia constituye una oportunidad para abrir un diálogo amplio sobre el empleo público, pero también para abordar de manera integral materias que impactarán directamente a las y los funcionarios durante los próximos meses, entre ellas la Ley de Presupuestos 2027, la Ley de Reajuste del Sector Público y la renovación del personal a contrata que se concretará durante el mes de noviembre.
“Esto siempre, en teoría, es una oportunidad para que converse también directamente cómo se va a abordar la Ley de Presupuesto 2027, la Ley de Reajuste, la renovación de los contratos y, por supuesto, cómo conversa con los derechos sociales de la ciudadanía”, planteó Pérez Debelli.
Modernizar no puede significar precarizar
Para la ANEF, cualquier reforma al empleo público debe tener como eje el fortalecimiento de un Estado profesional, permanente, eficiente y al servicio de las grandes mayorías, evitando que los cambios de administración impliquen desvinculaciones arbitrarias o el uso político de las atribuciones del Estado.
En este sentido, Pérez Debelli advirtió sobre los costos que genera la utilización discrecional de cargos públicos y puso especial énfasis en la situación de la Alta Dirección Pública, donde profesionales que han sido formados y contratados con recursos del Estado pueden ser removidos para luego ser reemplazados con cada cambio de gobierno.
“El uso de estas atribuciones del Estado como herramienta política le hace daño. Esto es transversal, incluso en la Alta Dirección Pública, cuando se despiden cargos que han sido onerosamente pagados por el Estado para que después queden liderando los servicios, reparticiones públicas o ministerios, y después llega un gobierno y se borra. Ese es un gasto adicional que también debería observarse en esta comisión”, sostuvo.
La Confederación recordó que esta preocupación ya fue planteada directamente al Presidente de la República en la reunión sostenida el pasado 20 de mayo en La Moneda, donde la ANEF manifestó su rechazo a los despidos arbitrarios y a aquellas decisiones que afectan la continuidad y profesionalización de la función pública.
En esa línea, Pérez Debelli mencionó como ejemplos las situaciones que han afectado al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), la Secretaría General de Gobierno y el Servicio Nacional de Migraciones, señalando que este tipo de decisiones deben ser parte de la discusión sobre una verdadera modernización del Estado.
Un Estado al servicio de la ciudadanía
La ANEF enfatizó que modernizar el empleo público no puede reducirse a una discusión administrativa o presupuestaria, sino que debe considerar el rol que cumplen los servicios públicos en la garantía de derechos sociales y en la vida cotidiana de la ciudadanía.
“Estamos disponibles para mejorar la función pública que está al servicio de la ciudadanía y de las grandes mayorías”, afirmó el presidente de la Confederación, destacando además el reconocimiento ciudadano que existe respecto de instituciones como FONASA y el Registro Civil, que constituyen ejemplos del valor que tienen los servicios públicos para la población.
Para la ANEF, el desafío consiste en construir una función pública moderna, profesional y eficiente, pero también protegida de la discrecionalidad política, con estabilidad laboral, carrera funcionaria y condiciones que permitan entregar servicios de calidad.
Finalmente, la Confederación reafirmó su disposición a participar en el proceso convocado por el Gobierno y a poner a disposición de la comisión la experiencia acumulada durante décadas por las trabajadoras y trabajadores fiscales.
“Estaremos disponibles como ANEF para poner también a disposición la vasta y rica experiencia de nuestra Confederación sindical”, concluyó Pérez Debelli.
