La ANEF expuso el pasado martes 9 de septiembre ante la Comisión Especial Investigadora sobre licencias médicas en el sector público, a través de su presidente, José Pérez Debelli, y la dirigenta nacional de la Agrupación, Carmen Luz Scaff, en la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso Nacional.
En la instancia, la ANEF repudió, una vez más, el uso fraudulento de licencias médicas, pero también rechazó que se generalice esa conducta a todas y todos los funcionarios del Sector Público, remarcando la importancia de la presunción de inocencia y el debido proceso. Además, presentó una propuesta integral de reforma al sistema, que considera -entre otros puntos- eliminar los días de carencia, implementar una plataforma única de tramitación interoperable y fortalecer las instancias técnicas e institucionales encargadas de fiscalizar. La organización también manifestó su disposición a colaborar en soluciones que no vulneren derechos y conquistas laborales.
El debate se da en un contexto marcado por el reciente informe de la Contraloría General de la República, que reveló miles de salidas del país de funcionarios en periodo de licencia médica -lo que activó nuevos sumarios y cruces de información-, y por la discusión del proyecto que modifica el Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), cuyos efectos fiscales han sido parte del debate público y motivo de mesas de trabajo entre ministerios y organizaciones sindicales. Sin embargo, el presidente nacional de la ANEF enfatizó que el mal uso corresponde de este derecho laboral llega solo al 0,7 % del total en el aparato público y que, en el caso de la Administración Central del Estado, la cifra llega apenas al 0,3%
Al cierre de la presentación, la ANEF apeló al diálogo y a la necesidad de dotar de más recursos y sistemas a los organismos fiscalizadores (COMPIN, FONASA y SUSESO) para detectar irregularidades, sin reemplazar la investigación administrativa correspondiente. Asimismo, pidió que cualquier reforma priorice la protección social, la perspectiva de género y los derechos laborales, evitando medidas que obliguen a la presencialidad de trabajadoras y trabajadores durante una enfermedad.