En la misiva enviada a Ricardo Díaz Cortés presidente de la Asociación de gobernadores y gobernadoras regionales, Agorechi, la Federación, que agrupa a las y los funcionarios de los gobiernos regionales, se puntualiza la vulneración de los derechos fundamentales de las y los funcionarios de los GORE, ante la mediatización de los allanamientos a las instalaciones, en el marco del denominado “Caso Convenios”, donde los medios de comunicación no sólo tuvieron acceso a las oficinas en el ingreso de efectivos de la PDI, sino que, además, transmitieron en vivo las acciones de la investigación penal, incluyendo imágenes de incautación de enseres y documentos.
La carta, indica que: “Las funcionarias y los funcionarios de carrera de los Gobiernos Regionales comparten un profundo interés en que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, en donde se determine, en un plazo razonable, las eventuales responsabilidades y sanciones que pudieran corresponder”.
“Las funcionarias y los funcionarios están cooperando plenamente en la solicitud de información, no solamente la requerida por las entidades a cargo de las respectivas investigaciones, como Fiscalías Regionales, Policía de Investigaciones, Contraloría General de la República y el Congreso, sino también por la ciudadanía y otras instancias u organismos, que han estado requiriendo mayores antecedentes, particularmente en el marco de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública”.
“Lo anterior, aun cuando las funcionarias y los funcionarios de carrera no participen o no son parte de la toma de decisiones relacionadas con asignación de recursos, a diferencia de aquellos que llegan temporalmente a nuestros Servicios con cargos de Jefaturas, como el personal de exclusiva confianza de la autoridad. Lamentablemente, en la actual coyuntura, se han visto afectados públicamente por las acciones de quienes tendrían, dentro de sus funciones, facultades para la toma de las decisiones sobre los hechos que se investigan”.
“En particular, hemos representando por escrito el actuar del personal de Fiscalía y de Policía de Investigaciones, PDI, tanto al Fiscal Nacional, como al Director General de la PDI, ya que ha significado afectaciones de derechos y garantías de las funcionarias y los funcionarios, en cuanto a su honra, dignidad en el empleo, integridad y salud psíquica. Por tales motivos, se debe garantizar y velar, en estos procedimientos judiciales, por el bienestar y los derechos laborales, sobre todo, cuando se han realizado diligencias intrusivas que, aparentemente, se han comunicado y/o coordinado con medios de prensa”.
“En este sentido, nos resulta incomprensible que, en el caso del allanamiento del Gobierno Regional de Los Lagos, se haya permitido a los medios de comunicación y/o prensa acompañar a los agentes en sus acciones de incautación de materiales, equipos y objetos”.
“En efecto, se pudo apreciar que los periodistas o reporteros, no sólo pudieron ingresar sin dificultades y estar junto al personal a cargo de las diligencias, sino que también se les autorizó a filmar y transmitir en vivo sobre dicho procedimiento (…) los agentes del Estado expusieron deliberadamente a las funcionarias y los funcionarios, al permitir el acompañamiento de particulares en una acción judicial al interior de un Servicio Público. Esta situación colocó innecesariamente en riesgo a las funcionarias y los funcionarios de dicho Gobierno Regional, dada la exposición pública generada por los medios de prensa, sino que, de igual manera, entorpece el quehacer de la investigación”.
ANEF se suma a la legítima presentación de molestia de nuestros compañeros y compañeras de FENAFGORE, y llama a defender la dignidad de las y los funcionarios de los gobiernos regionales, especialmente tras lo ocurrido en Los Lagos y Biobío.
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