Profundo rechazo al recorte presupuestario proyectado para el año 2025 realizó, a través de un comunicado, el Directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Educación (ASUME), quienes denuncian un incumplimiento sistemático de los compromisos asumidos por el Gobierno con la cartera de Educación. Este recorte, advierten, pone en jaque la capacidad de la institución para responder oportunamente a las necesidades de las comunidades educativas y cumplir con su misión fiscalizadora.
Según la asociación, el Gobierno parece ignorar que solo se fiscaliza un 4% de los 7,8 billones de pesos en gastos declarados anualmente por los sostenedores de establecimientos educacionales. Advierten que “las denuncias ciudadanas han aumentado de manera constante, muchas de las cuales son tramitadas fuera del plazo legal, como ocurre en la Dirección Regional Metropolitana”. Esto evidencia una sobrecarga laboral que no se ha visto acompañada de recursos ni medidas concretas para mejorar la capacidad operativa de los trabajadores y trabajadoras.
El comunicado destaca además que la Superintendencia carece de un sistema de gestión de personas que permita el desarrollo profesional de sus trabajadores. “No existen perfiles de cargo, ni procedimientos de movilidad interna basados en principios como la igualdad, el mérito y la transparencia”, señalan.
A su vez, se indican severos cuestionamientos al Superintendente Mauricio Farías, que es apuntado como uno de los principales responsables de la actual crisis institucional. “En tres años no hemos mejorado nuestra capacidad fiscalizadora. Tampoco se ha logrado avanzar en gestión y desarrollo de personas, puesto que el foco ha sido el nepotismo para proveer cargos claves sin velar por la excelencia en el buen funcionamiento de esta institución”, señalan. Denuncian que gran parte de los recursos para la institución se utilizan para financiar sueldos elevados de asesores de gabinete y jefaturas de departamento, cuyos ingresos superan los 6 millones de pesos mensuales.
La Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Superintendencia de Educación subraya que el Ejecutivo y sus representantes han desoído las propuestas de quienes, desde su labor cotidiana, buscan mejorar la calidad del servicio que se ofrece a las comunidades educativas. “Hemos estado siempre disponibles para aportar y construir soluciones, pero la falta de voluntad política y de compromiso con la educación nos ha dejado en un estado crítico”, concluye el comunicado.
Finalmente, ASUME hace un llamado urgente a La Moneda para que revise sus decisiones presupuestarias y administrativas, y asuma la responsabilidad de fortalecer una institución clave para la fiscalización y mejora del sistema educativo en Chile.
COMUNICADO PUBLICO ENERO III