Lester Campos, presidente subrogante de ANEF Valparaíso, manifestó la preocupación y principales objeciones de la organización frente al reciente dictamen de la Contralora Dorothy Pérez, que modifica el concepto de «confianza legítima» establecido por su antecesor Jorge Bermúdez. Esta decisión ha generado polémica en el mundo sindical, donde temen la pérdida de derechos laborales conquistados.
El concepto de «confianza legítima», aplicado hasta ahora, permitía que funcionarios con más de dos años consecutivos en contrata tuvieran estabilidad laboral. Sin embargo, Dorothy Pérez determinó que la Contraloría no se pronunciará más sobre estos casos, y en el caso de que un funcionario sea despedido, tendrá que recurrir a la justicia.
En este sentido, para Lester Campos, presidente subrogante de ANEF Valparaíso, la decisión fue recibida como “una sorpresa desagradable», calificándola como un retroceso en las conquistas sindicales. «Sentimos que el concepto de confianza legítima es una conquista sindical que valoramos y atesoramos. Este dictamen tiene serios cuestionamientos de fondo y de forma”, señaló.
El dirigente criticó, además, que la Contraloría cierre la posibilidad de intervención bajo el argumento de que los casos son litigiosos desde el momento de la desvinculación. “Mientras un trabajador no recurra al tribunal, el acto aún no tiene carácter litigioso. Entonces, ¿por qué la Contralora cierra esa puerta desde el inicio?”, cuestionó.
La ANEF se declaró en estado de alerta nacional y ya han realizado protestas en diversas regiones del país. Asimismo, presentó una solicitud formal a la Contralora para reconsiderar el dictamen. Campos advirtió que, de no obtener respuestas concretas, no descartan nuevas movilizaciones tanto en Valparaíso como a nivel nacional.
El edificio Esmeralda: otro foco de conflicto
En diciembre del 2023, el Edificio Esmeralda, ubicado en pleno centro de Valparaíso, que acoge a diversas reparticiones del Estado, y por tanto, a un centenar de funcionarios públicos, sufrió una explosión y un posterior incendio, por lo que las funciones estatales del establecimiento tuvieron que trasladarse.
“Esto ha significado un grave cuestionamiento sobre la seguridad tanto para trabajadores como para la ciudadanía. A casi un año del incidente, aún hay servicios sin claridad respecto a su traslado definitivo”, señaló Campos.
El presidente subrogante de la Agrupación de Valparaíso acusó un problema de centralismo en esta situación. Finalmente, declaró: “A pesar de todo lo que se ha hablado de regionalización y descentralización, sigue siendo un país centralizado en que los recursos se definen en Santiago y en los niveles centrales de todos los ministerios. Dado que esto ocurre en una región, efectivamente hay una tramitación en la que tiene que recurrir al nivel central, explicar la situación, y muchas veces, en los niveles centrales están resolviendo otras cosas que aparentemente son más prioritarias otros y se empieza a dilatar.”
