ANEF y organizaciones de memoria y derechos humanos presentaron antecedentes sobre recortes presupuestarios, debilitamiento institucional y medidas que afectarían las políticas de verdad, justicia y reparación.
Mediante una carta fechada el 9 de noviembre de 2026, organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requerir información al Estado de Chile sobre decisiones administrativas y presupuestarias que debilitan la protección de los derechos humanos y las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación.
La presentación fue dirigida a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, y suscrita por la Red de Observadoras en Justicia y Memoria; Londres 38, espacio de memorias; la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, Colonia Dignidad; y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Las organizaciones solicitaron que la Comisión ejerza las facultades contempladas en el artículo 41, literal d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El documento actualiza los antecedentes que, según señalan, expusieron en una audiencia temática realizada el 5 de agosto ante el organismo.
Debilitamiento institucional y efectos en los servicios públicos
La carta advierte sobre el impacto de los recortes presupuestarios y la pérdida de capacidades técnicas y territoriales en programas destinados a la niñez, las mujeres, las víctimas de violencia y otras poblaciones que dependen de las prestaciones públicas.
En materia laboral, recoge las preocupaciones de ANEF por la participación sindical insuficiente en las instancias de reforma del empleo público y por una eventual aplicación masiva del artículo 151 del Estatuto Administrativo como mecanismo de reducción de dotaciones.
Asimismo, las organizaciones alertan sobre la crisis de la Comisión Verdad y Niñez y cuestionan el proyecto de reforma del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Según el documento, la propuesta afectaría su autonomía, reduciría su presencia regional y eliminaría su facultad de presentar querellas.
Alerta por recursos para búsqueda y memoria
Uno de los ejes de la presentación es el financiamiento del Plan Nacional de Búsqueda y de los sitios de memoria. De acuerdo con el análisis incluido en la carta, el proyecto de Presupuestos 2027 contempla una disminución real del 27,71% en los recursos conjuntos destinados a diligencias de búsqueda y pericias del Servicio Médico Legal, respecto de la base inicial de 2026.
Las organizaciones también advierten una reducción real del 36,74% en el financiamiento global analizado para sitios de memoria, junto con la eliminación de recursos de inversión patrimonial. A su juicio, estas medidas amenazan la continuidad de los espacios y la preservación de antecedentes relevantes para la verdad y la justicia.
Respecto de la ex Colonia Dignidad, solicitan medidas urgentes para proteger posibles evidencias y garantizar la participación de las víctimas y sus organizaciones en el desarrollo del sitio de memoria, ante la paralización del proceso de expropiación denunciada en la carta.
Cuestionamientos a beneficios para condenados
La presentación también denuncia la falta de intervención del Programa de Derechos Humanos en procesos relacionados con el cumplimiento de penas de agentes condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
Según los antecedentes aportados, entre marzo y octubre de 2026 el Programa no habría alegado o se habría desistido de acciones legales en 29 ocasiones, respecto de 24 agentes condenados. Las organizaciones denominan estas actuaciones como “indultos pasivos” y cuestionan, además, el uso de decretos administrativos para reducir condenas.
Solicitud de respuestas y medidas correctivas
Las entidades firmantes pidieron que la CIDH requiera al Estado explicaciones sobre los fundamentos de estas decisiones, sus efectos y las evaluaciones realizadas antes de adoptarlas.
También solicitaron información sobre medidas para resguardar la continuidad de los servicios públicos, asegurar la participación sindical y de las organizaciones de víctimas, proteger los testimonios y evidencias, y garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales en verdad, justicia, memoria y reparación.
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