En una jornada de trabajo y recorrido por el recinto, la ANEF Provincial Marga Marga, encabezada por su dirigente provincial Francisco Lamata, junto a la ANEF Regional de Valparaíso, realizaron un diagnóstico sobre las deficientes condiciones laborales y de infraestructura que afectan tanto a los funcionarios como a los jóvenes atendidos en el Servicio de Reinserción Social Juvenil de la provincia.
La actividad, desarrollada el pasado 19 de marzo, contó con la participación de los dirigentes Romané Medel y Víctor Vargas, de ANFUR; Francisco Lamata, de AFUSE; y por la ANEF Regional de Valparaíso asistieron Jacqueline Mansilla, Pablo Sanhueza, Lester Campos y Gonzalo Cisternas. Durante la sesión de trabajo se abordaron aspectos críticos del servicio, entre ellos las precarias condiciones laborales, la falta de seguridad para el personal y las inadecuadas condiciones de estadía de los menores.
Múltiples falencias estructurales
Entre las principales preocupaciones expuestas por los dirigentes, destaca el complejo escenario generado por el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Defensa, situación que afecta la interacción cotidiana al interior del recinto y limita la capacidad de organización sindical frente a problemas que ya eran conocidos por los funcionarios.
Asimismo, se evidenció que los niveles de ingreso del personal administrativo y profesional son extremadamente bajos, sumado a la incertidumbre producto del cambio de gobierno, lo que genera un clima de inestabilidad laboral.
En cuanto al funcionamiento del nuevo servicio de reinserción, los dirigentes señalaron una grave falta de planificación en el trabajo con los menores, destacando la segregación entre turnos diurnos y nocturnos, la discontinuidad de los talleres por ausencia de suplencias, y el incumplimiento de la normativa que exige disponer de dos tutores por casa las 24 horas, lo que resulta imposible con el actual déficit de personal.
Personal sin protección y menores en condiciones carcelarias
Los representantes gremiales advirtieron que quienes trabajan en el recinto lo hacen sin seguridad ni protección. Si bien señalaron que en el clima de encierro se ha logrado cierto control con los jóvenes de mayor permanencia, sin embargo, quienes ingresan por primera vez al sistema semi cerrado presentan un comportamiento más disruptivo. En este contexto, manifestaron que la tasa de reinserción efectiva es extremadamente baja, alcanzando apenas uno de cada cien casos.
Durante la transición desde el ex Sename al actual Servicio de Reinserción Social Juvenil, los dirigentes denunciaron que no se valoró la experiencia de las funcionarias y funcionarios, evidenciándose además una carencia de capacitación para el rol que desempeñan y una preocupante dependencia de otros centros para servicios básicos como saneamiento y electricidad.
Falta de protocolos y normativas incumplidas
Otro punto crítico planteado fue la ausencia de protocolos claros para enfrentar eventuales conflictos entre menores o entre menores y tutores, en un contexto donde la población atendida fluctúa entre 60 y 70 jóvenes. A esto se suma que el currículum educacional no es especializado, confundiéndose frecuentemente con el sistema “dos por uno” orientado a trabajadores.
Los dirigentes también alertaron que el sistema de turnos bajo el cual laboran los funcionarios públicos no ha sido formalmente reconocido por el Ministerio de Justicia como una modalidad de trabajo continua y recurrente. Del mismo modo, denunciaron un bajo cumplimiento normativo, ejemplificado en el incumplimiento del Decreto 594 sobre condiciones sanitarias y ambientales en el trabajo, la inexistencia de un Comité Bipartita de Capacitación, la ausencia de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, y la falta de difusión del Comité de Aplicación CEAL. Asimismo, subrayaron que no está claramente determinada la carga laboral de cada funcionario, exigiendo estudios que permitan revisar estas deficiencias.
Recorrido por el recinto y reunión con el director
Tras la sesión de trabajo, los dirigentes realizaron una visita al interior del recinto donde se desempeñan los funcionarios, así como al sistema cerrado donde permanecen los menores imputados o condenados, advirtiendo que el régimen es claramente carcelario. En este punto, destacaron la necesidad urgente de mayor dotación de personal y de una mejor implementación de actividades de ocio destinadas a los jóvenes privados de libertad.
Finalmente, los representantes gremiales sostuvieron una entrevista con el director del recinto, quien coincidió en el diagnóstico sobre las críticas condiciones laborales, la carencia de personal y la preocupación por el escaso presupuesto asignado para el año 2026.
Las organizaciones sindicales anunciaron que continuarán realizando estas jornadas de fiscalización y diálogo, y exigieron a las autoridades del Ministerio de Justicia y del Servicio de Reinserción Social Juvenil tomar medidas inmediatas para garantizar condiciones laborales dignas y un tratamiento efectivo que permita una real reinserción de los jóvenes.
