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SCAC y ANEF rechazan amenazas a dirigentes medioambientales

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La Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y sus miembros firmantes de esta carta, entre ellos ANEF, declaramos públicamente nuestra preocupación por las amenazas que la semana pasada recibieron Katta Alonso, dirigenta de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (Muzosare), de Quintero-Puchuncaví y Rodrigo Mundaca, dirigente del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).

Estas amenazas se suman a un clima creciente de violencia en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente, el que ha sido alimentado por las expresiones irresponsables y la apología al odio de sectores extremos de la sociedad, las que lamentablemente no han sido controladas adecuadamente por las instituciones democráticas, legitimando la agresión y la discriminación como maneras de hacer política.

La violencia que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente requiere de la atención de los Estados, pues se multiplican los asesinatos y la violencia en su contra. Defensores y defensoras son miembros imprescindibles de una sociedad democrática, como actores que velan por la justicia social e intergeneracional, llevando un mensaje que es esencialmente pacífico y que busca la armonía entre las personas y su entorno.

Vemos con preocupación la inacción en la materia por parte del Gobierno de Chile, la inexistencia de políticas públicas en la materia, la negativa injustificada del gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú -único acuerdo internacional que se refiere a la materia- y las irresponsables declaraciones de algunos personeros del gobierno, por ejemplo, llamando “terroristas” a quienes se manifiestan por el agua.

Solicitamos al Gobierno de Chile que, junto con las querellas correspondientes, se solicite al Ministerio Público la designación de un Fiscal con Dedicación Exclusiva para estos casos, en la Región de Valparaíso, que se suman a los de Verónica Vilches (Modatima) y Patrick Rojas (Quintero), siendo que en esta última se acusa que las amenazas provendrían de funcionarios de Carabineros.

Exigimos, asimismo, la firma del Acuerdo de Escazú, la creación de una política pública de protección de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente y, en defensa de la democracia y la paz social, combatir decididamente la apología al odio.

Reconocemos el trabajo de defensores y defensoras del medio ambiente, como la primera línea de defensa de la sociedad contra la destrucción de nuestro entorno y llamamos a todos los miembros de la sociedad a protegerlos y unirse en torno a ellos.

Declaración-SCAC-Defensores-Amenazados.pdf.

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